La UNESCO fomenta y da seguimiento a las normas y estándares del sector educativo con el objetivo de promover la aplicación del derecho a la educación a escala nacional. Los beneficiarios solo pueden sacar provecho del derecho a la educación cuando se aplica concretamente este derecho y se cumple con eficacia. Se trata de una responsabilidad que recae en los Estados.
Como ha quedado demostrado tras la pandemia de COVID-19, para que la aplicación y el cumplimiento de este derecho humano fundamental sean eficaces se requiere de marcos jurídicos y políticos nacionales sólidos que sientan las bases y definan las condiciones para el suministro y la sostenibilidad de una educación gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad en todos los contextos.
Para garantizar su aplicación, la UNESCO proporciona apoyo a los Estados Miembros para que reflejen sus obligaciones jurídicas y sus compromisos políticos sobre el derecho a la educación en sus sistemas nacionales, fundamentalmente mediante las investigaciones y el intercambio de conocimientos en cuanto a cómo aplicar los componentes específicos de este derecho.
Servicios de asesoramiento de la UNESCO
En el cumplimiento de su mandato, la UNESCO da seguimiento al derecho a la educación y proporciona asesoramiento estratégico y asistencia técnica a los Estados Miembros que desean revisar, desarrollar o reformar sus marcos jurídicos en este ámbito.
La UNESCO está bien posicionada para proporcionar una asistencia mediante datos fehacientes, ya que llevó a cabo un proyecto experimental en el periodo 2010-2011 mediante el que se examinaron la legislación y las políticas en los Estados Árabes, centrándose en la igualdad de género. Este proyecto tenía por objeto sensibilizar a los gobiernos de estos países acerca de la importancia de aplicar leyes sobre educación basadas en los derechos y sensibles a la inclusión y a la igualdad género, así como de proporcionar asesoramiento y recomendaciones en un esfuerzo encaminado a generar peticiones de reformas jurídicas.
La Agenda de Educación 2030 y el ODS4 proporcionan a los Estados Miembros una oportunidad estratégica con miras a examinar y reformar sus marcos jurídicos nacionales a la luz de sus compromisos internacionales y las obligaciones jurídicas de los Estados conforme a los instrumentos normativos a fin de cumplir con el derecho a la educación para todos. Como parte del Programa de Desarrollo de Capacidades para la Educación de la UNESCO, se proporciona asistencia a determinados países menos adelantados en sus esfuerzos por alcanzar las metas del ODS 4 mediante la revisión de su marco jurídico nacional relativo al derecho a la educación y la recomendación de medidas concretas, en particular mediante reformas legislativas adecuadas. Se elaboró un informe de síntesis basado en las conclusiones de los 11 países experimentales examinados inicialmente.
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Acción legal sobre el derecho a la educación
